Reforma electoral: promesa de mucho, sabor a poco

Por Marco Aizen //

Las reformas electorales suelen tratar temas que se encuentran en el centro de la discusión pública e ignorar otros de igual o mayor relevancia. Este parece ser el caso del proyecto que obtuvo media sanción en el Congreso, pues dejó de lado varias cuestiones importantes y que contribuyen a una contienda electoral más justa y equilibrada. En este sentido, el Gobierno ha sido exitoso en que el eje de la discusión se centrase en la boleta electrónica y la paridad de género en las listas. Pese a que hubo otros cambios (como la prohibición de candidaturas múltiples o el aumento del plazo en que no se puede realizar obra pública previo a una elección), estos fueron de menor importancia para la opinión pública y los medios de comunicación.

Más allá del mérito que implica llevar adelante ciertas transformaciones institucionales en busca de una mayor transparencia e igualdad de oportunidades, el problema se encuentra en que varias falencias del sistema electoral argentino no han sido tratadas ni deliberadas. Al no ser de público conocimiento, la población no demanda su solución, pese a que tengan efectos nocivos sobre la calidad democrática del país.

Parte de la estrategia del oficialismo ha sido, hasta ahora, llevar adelante una reforma express. La finalidad de esto es llegar bien posicionado a las elecciones legislativas del 2017, pues no solamente este proyecto fue una promesa de campaña, sino que también el mismo Mauricio Macri ha expresado en reiteradas oportunidades que su objetivo es reducir “las trampitas” tan características de la democracia argentina. Sin embargo, querer promulgar e implementar una ley de semejante repercusión en tan poco tiempo hace que el proceso carezca de la discusión necesaria. Prueba de esto son todas las problemáticas que han quedado afuera de la normativa.

Más en concreto, uno de los temas significativos que no fue planteado es el del financiamiento de los partidos. En la Argentina faltan mecanismos legales que ayuden a controlar los aportes y gastos durante las campañas. A su vez, no hay una rendición de cuentas eficiente que castigue a quienes no cumplan con las normativas establecidas. El resultado es un vacío legal que permite la violación de las obligaciones, sobre todo en las provincias. Varios partidos terminan utilizando fondos públicos y dinero no declarado para financiarse. Por ende, una reforma electoral de amplio alcance debería establecer reglas claras al respecto, pues este tipo de conductas amplia la brecha presupuestaria entre los partidos grandes y chicos. Sin embargo, dichas normas brillaron por su ausencia en la deliberación legislativa.

Tampoco se tuvo en consideración la regulación de las cadenas nacionales y la pauta oficial, las cuales pueden ser utilizadas casi discrecionalmente por el Ejecutivo. No es una novedad que en época de elecciones la élite gobernante, tanto a nivel nacional como provincial, utiliza la pauta oficial del Estado como si fuese propaganda partidaria. Muchos sectores denuncian que así se está desnivelando el “campo de juego”, pues la oposición no puede acceder a medios y recursos similares. Por otro lado, la reglamentación de la cadena nacional establece que puede ser utilizada solamente en situaciones graves o excepcionales. No obstante, debido al poder que tiene el Presidente para determinar qué momentos son considerados de trascendencia institucional, éste tiene la posibilidad de usarla antes de las elecciones como una forma de llegar a los votantes. Nada de esto fue puesto sobre la mesa de discusión ni mencionado por la prensa.

Aún más, el proyecto de reforma no refleja uno de los mayores problemas presentes en la democracia argentina: la sobre y sub representación de las provincias en el Congreso. En la Cámara de Diputados la provincia de Buenos Aires posee menos representantes de los que les correspondería por su tamaño, mientras que la mayoría de los distritos del Interior tienen una mayor cantidad porcentual de diputados nacionales de los que tendrían que tener, lo que les da un gran poder en conjunto. Se trata, efectivamente, de la cuestión más polémica, pues se puede argumentar a favor de este sistema que previene que las provincias con mayor población abusen de las más chicas. Es más, inicialmente fue ideado justamente para palear el poder de Buenos Aires a fines del siglo XIX. Pese a ello, también es verdad que en una democracia republicana (de la cual la nuestra busca emular) el Parlamento se divide en dos cámaras para que en una de ellas todos los estados tengan igual representación. Consecuentemente, en Argentina las provincias ya tendrían igual trato al poseer tres representantes en el Senado sin importar su tamaño, por lo que la cantidad de diputados por distrito debería ser un reflejo más fidedigno del número de habitantes. El sistema de sobre y sub representación nunca ha sido enmendando completamente, sino que se le han hecho pequeños cambios y, aún peor, debido a la Ley 22.847 está establecido que la cantidad de diputados se determina tomando como base el censo de 1980 (cuando la población argentina era de 28 millones) y las circunscripciones pueden tener un mínimo de cinco legisladores en la cámara baja (sin importar su cantidad de habitantes). Se trata pues de una reglamentación anacrónica, a la cual se le tiene que encontrar otra solución más acorde a los tiempos modernos.

Ante el resultado de la votación en Diputados, los dos bloques más importantes reaccionaron de diferentes maneras. Mientras que desde Cambiemos hubo festejos y se remarcó la colaboración de distintos sectores políticos, el Frente Para la Victoria (FpV) denunció el peligro que representa el sistema de boleta electrónica para las futuras elecciones. A riesgo de caer en un nihilismo ideológico, se hace evidente que ninguna postura contempló realmente la importancia de un sistema electoral justo y transparente. Por un lado, el Gobierno está realizando cambios positivos, pero no se ha atrevido a hacer modificaciones más profundas. Si se hiciera un análisis más a fondo (tarea que se dejará para otro momento), tal vez uno se encontraría con que la razón de esto se encuentra en los intereses que están juego. Después de todo, el Gobierno tuvo que negociar con los oficialismos provinciales (principales beneficiarios del “campo de juego” desnivelado y la sobrerrepresentación)  para que sus contingentes legislativos apoyaran la reforma. Por el otro lado, desde el FpV se ha acusado a los funcionarios a cargo de ser poco democráticos y llamado a modificar el proyecto. No obstante, cuando este bloque estuvo en el poder no quiso llevar adelante ninguna reforma significativa y abarcadora, lo que hace suponer que una nueva reglamentación sobre el sistema electoral jamás fue parte de sus objetivos programáticos. Buscando terminar la nota con una opinión controversial, se puede estimar que esto se debió a que los partidos de raíces peronistas han sabido aprovechar tradicionalmente las ventajas de un aparato electoral poco transparente.

 

*Marco Aizen (marco_aizen@hotmail.com) es estudiante avanzado de la Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).


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  1. Alejandra Kenigsten dice:

    Esclarecedor y muy didáctico…no nos distraigamos …..
    Alejandra Kenigsten

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