Dime quién te apellida, y te diré qué género tienes

Por Geraldina Dana //

“Yo, en el día de hoy, hice una reunión con los gobernadores de estas provincias. Participó Horacio [lo señala], participó Axel [lo señala], participó el Gringo Schiaretti, el Coqui Capitanich, y… Arabel, la gobernadora de Río Negro”

(Alberto Fernández, conferencia de prensa del 23/05/20, destacados propios).

 

Las palabras anteriores pertenecen a un presidente que ha utilizado el lenguaje inclusivo en diversas oportunidades, ha instituido el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad, se ha comprometido discursivamente con la Interrupción Voluntaria del Embarazo y, fundamentalmente, fue designado políticamente por una mujer dos veces electa presidenta para encabezar el binomio que lo llevaría a gobernar la Argentina. Sin embargo, librado al nerviosismo de anunciar una nueva extensión de la cuarentena en horario televisivo central, escatima en corrección política y olvida apellidar a la gobernadora de Río Negro, al exponer el federalismo de su decisión. Arabela Carreras es la única líder provincial que, no estando presente al lado del presidente, carece de apellido en la enumeración albertiana, pero bajo ningún punto de vista es la única mujer de la política argentina sin apellido, ni Fernández el iniciador de tal tradición.

Por el contrario, las mujeres sin apellido –o bien, sin uno propio-, son la regla cuando observamos las referencias públicas a la participación femenina en la cultura política local. Así, la mítica Evita es, nominalmente, tan solo eso: el diminutivo de un nombre femenino, el apodo de quien podría ser una niña, a pesar de atribuírsele relevantes negociaciones con el sindicalismo (Romero, 1965: 87), censura a algunas expresiones culturales (Zayas de Lima, 2014: 31), y hasta la compra de armas (Feinmann, 2019). En el mismo sentido, la primera presidenta mujer de la historia nacional –María Estela Martínez-, fue popularmente conocida como Isabelita. Estos diminutivos denotan un aspecto central de los estereotipos de género: la falta de autonomía que se supone de las mujeres. Esta carencia puede rastrearse desde los escritos de Aristóteles, donde el filósofo afirma que “el varón ha de tener señorío sobre la mujer y los hijos” (1935: 42). En el mismo sentido, el Derecho romano colocó a la mujer bajo la tutela del varón, y esta premisa se extendió a todos los ordenamientos jurídico-políticos de tradición europea continental.

Nuestro continente no fue la excepción, y, tanto durante la colonia como luego de la independencia, las mujeres tuvieron una capacidad jurídica limitada, como los menores de edad, y debieron ser representadas en sus actos civiles por sus padres o maridos. Así, el Código Civil redactado por Dalmacio Vélez Sársfield para la Argentina, vigente desde 1869 hasta 2015, establecía que la patria potestad era masculina, que el hombre era el administrador de los bienes del matrimonio, o que la mujer no podía iniciar un juicio sin el consentimiento de su cónyuge. A pesar de que estas prescripciones hayan paulatinamente quedado obsoletas en la práctica, hasta conocer inclusive su reforma legal, constituyeron el marco institucional de una cosmovisión donde las mujeres no podían ejercer sus derechos en la esfera pública sin la mediación de un varón, siendo consideradas adultas de segundo orden.

Así, la relación del paterfamilias con las subjetividades femeninas se constituyó históricamente como una de administración –en tanto organización del mundo de los objetos-, y no como una de gobierno –es decir, organización de los ciudadanos libres-. En este sentido, “mujeres y niños”, aún hoy referidos en una misma categoría indiferenciada, cuentan como parte de su patrimonio, y, por ende,  sobre ellos el patriarca puede mandar. Esto es claramente observable en la costumbre –aún avalada por el nuevo Código Civil y Comercial argentino- de anteponer la preposición “de” al apellido del marido para convertir el nombre de una mujer en uno “de casada”. Este rasgo civil que, una vez más, posiciona a las mujeres como ciudadanas de menor categoría, no puede sino condicionar su ingreso y auto-presentación en la vida político-pública. De allí que la referente ineludible del mapa político contemporáneo nacional sea, a pesar de liderar el movimiento más popular de la Argentina, referida mayoritariamente por su apellido “de casada”. Cristina Fernández de Kirchner, CFK, Cristina Fernández viuda de Kirchner, o bien, como no podía ser de otro modo, simplememente, Cristina. Y, aunque su figura nunca inspiró ningún diminutivo, y algunas veces se la refiera como Cristina Fernández, tampoco tuvo la posibilidad de apellidar ella misma el movimiento que hace diez años conduce. Fernandismo no ha aparecido como alternativa, tal vez por machismo de nuestra cultura política, tal vez por falta de musicalidad del término. Cristinismo, en cambio, es una expresión reservada a la oposición férrea a las posturas poco dialoguistas que promoverían la ex presidenta y su círculo más íntimo. “El cristinismo no cree en la división de poderes”, sentencia la escritora Laura Di Marco en un matutino radial (Cada Mañana, 06/05/20). Nelson Castro, en una editorial de domingo, define al cristinismo como “peronismo feudal que encarnó a lo largo de sus dos presidencias Cristina Fernández de Kirchner” (24/11/19). Cuando aparece la mujer nombrando, entonces, imprime un carácter negativo a la cosa nombrada. Es el callejón que le democracia del ciudadano masculino ha puesto frente a los pasos de ellas: femineidad apolítica o politización condicionada.

*La autora (geraldinadanag@gmail.com) es Licenciada en Ciencia Política e investigadora en el Instituto de Investigaciones Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales, UBA (IIGG – Ciencia Política – UBA). 


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