/// Por Cristhian Seiler*
Un slogan, una idea, una teoría o, incluso, las creencias en general poseen la capacidad intrínseca de ser herramientas poderosas para organizar y movilizar la acción política. No sólo expresan el espíritu de una época (o su resistencia), sino también explican las condiciones de posibilidad y la orientación de la acción de los actores que se movilizan en función de lo aceptable y posible. Sin pretender exhaustividad o precisión histórica y conceptual con detalles necesarios que demandarían una mayor extensión, este escrito propone reflexionar, colocando una serie de enunciados dentro de un contexto histórico más amplio y su relación con fenómenos estructurales fundamentales, con el fin de relativizar algunos razonamientos habituales acerca del papel del Estado y su flanco más denostado: el gasto público. Comencemos.
En pocos días, precisamente el 22 de octubre, se definirá uno de los capítulos de un proceso electoral que ha resultado de lo más curioso de la Argentina contemporánea con la emergencia meteórica del actual Diputado Nacional, Javier Milei, de la fuerza “La Libertad Avanza”. Todas las encuestadoras señalan altas probabilidades de un ballotage en noviembre entre dos de las fuerzas que completan los “tres tercios”. El acontecimiento electoral puso en escena algunas ideas acerca del papel del Estado, su magnitud y formas de intervenir que, al menos, nos deben llevar a reflexionar sobre el asunto a fin de apreciar los enunciados, los elementos ausentes y la dirección de los acontecimientos políticos y económicos futuros de nuestro país.
La coyuntura económica y política despertó un gran descontento con la gestión actual que se evidenció en las PASO (elecciones primarias abiertas simultaneas y obligatorias). Las razones varían de acuerdo a la posición del interlocutor con un énfasis en el problema de la inflación. Pero, resulta importante destacar que el resultado electoral se dirigió a premiar una serie de razonamientos que colocan al sector público en general en el banquillo de los acusados, como la causa de todos los males que se han suscitado y transita en nuestro país.
La lectura natural: el desafío aparente
Esta lectura que se ha instalado como “natural” indica en que hay un problema central de todos los males económicos, políticos y sociales de nuestro país, y ese problema es el Estado (principalmente, el gasto público con énfasis en su déficit), caracterizado como “un elefante grande, pesado y reumático”. Esta narrativa fue y sigue siendo la que habitualmente se utiliza para desarticular y deshabilitar la intervención estatal en diferentes momentos de nuestra historia democrática. Adicionalmente, el argumento viene cargado de otra caracterización habitual referida al carácter populista de los gobiernos que lo manejan.
Este conjunto de ideas no es nuevo (tampoco su olvido desde el lado de los ingresos públicos) y en la coyuntura adquiere relevancia dado los incentivos y actores dispuestos a reavivarlas. Tal como siguiere Víctor Hugo, “no hay nada más poderoso que una idea a la que le ha llegado su tiempo”. Al colocar el fenómeno estatal como el centro problemático en una situación coyuntural crítica, los cuestionamientos no sólo recaen sobre sus acciones en materia fiscal y monetaria, sino también se prospectan transformaciones en materia regulatoria de la legislación laboral y/o previsional, o su intervención en el campo científico-tecnológico (solo por dar algunos ejemplos), lo que implica una alteración general del sistema social.
En parte, es posible acordar con esta “lectura natural”. El Estado tiene defectos y, al construirse al calor de la historia, opera bajo una complejidad mayúscula no sólo por ser el centro de procesamiento de tensiones sectoriales-actorales, sino también porque esa centralidad en la regulación de la vida social desnuda brechas de capacidades para llevar adelante intervenciones de forma efectiva y eficaz ante propuestas de gobiernos desafiantes al estado actual de las cosas. Parafraseando a Carlos Matus, el gobierno de situaciones con propuestas desafiantes del orden imperante implica vectorizar la complejidad con mayor capacidad del gobierno del Estado. Por eso, la solución no es “achicar el estado para agrandar la nación”, la solución es mejor Estado, no menos, “cualificar al estado para desarrollar la nación”. Sobre este punto debería existir un consenso que reduzca los movimientos pendulares.
Un cambio de causalidad
Ahora bien, incluso si sumamos el descontento social por el manejo de la pandemia del COVID-19, los problemas de inseguridad, la espiral inflacionaria que mina el poder de compra, así como una serie de obstáculos previsibles y otros no tanto (como las sequías), es posible observar que existen otro foco problemático al que se ha venido enfrentando el gobierno. Este responde a un fenómeno diferente al estrictamente estatal y dentro del cual, incluso, las afecciones que se atribuyen al aparato estatal son más bien un efecto del mismo: la disponibilidad de divisas o falta de dólares genuinos en la economía. Es decir, un cambio de causalidad. No sólo el problema central es otro, sino que el Estado, las políticas fiscales y monetarias y el peculiar comportamiento de estas herramientas soberanas en la economía son más bien consecuencia dentro de las condiciones estructurales o sistémicas en la que opera nuestro país en el sistema internacional.
Cuando se advierte que los déficit fiscales son la regla y no excepción en el inestable sistema internacional, y los procesos inflacionarios en países como el nuestro son fruto, inicialmente, de la escases de dólares vía comercial y -principalmente- financiera y consecuentes devaluaciones, donde el gasto público los acelera en su cometido de cubrir las consecuencias negativas (de las variaciones del tipo de cambio que, vale decirlo, responden a presiones de diferentes grupos de poder para conservar sus posiciones). Ya en los años ´70, se evidenció que el déficit fiscal en las estructuras productivas heterogéneas o periféricas era un efecto y no una causa de la alteración de los precios. Contribuye, pero, a diferencia del razonamiento convencional, en el marco de la insuficiencia de divisas, el sector público a través de sus acciones (regulatorias, bienes y servicios, transferencias monetarias y financieras) no solo sostiene el ingreso de grupos que son afectados directa o indirectamente por los saltos devaluatorios, sino también beneficia a otros grupos que históricamente ocupan espacio en los ámbitos privilegiados de acumulación (principalmente, asociado a los servicios públicos). Entonces, molesta el gasto social con destino a sostener el ingreso y la vida en la exclusión, pero no molestan las transferencias monetarias para asegurar la acumulación de otros sectores que, incluso, forman activos en el exterior (fugan los dólares). Así, la situación se complejiza y obliga a colocar otra variable fundamental como es la dificultad de la economía en la producción genuina de divisas, la consecuente insuficiencia de dólares y la dependencia insustentable del endeudamiento en moneda extranjera.
A estas alturas, no viene al caso recapitular o evidenciar la centralidad del Estado en el desarrollo económico de una variedad de naciones en situaciones estructurales diversas en boca de divulgadores como Ha-Joo Chang con su “mal samaritano” o Mariana Mazzucato con el Estado emprendedor (solo por citar algunos de los más actuales). El vector estatal es ampliamente reconocido y por eso, luego del bache neoliberal de los “mecanismos automáticos del mercado”, la apuesta internacional se ha dirigido por más Estado y Estados con mayor calidad y capacidad para producir resultados de desarrollo. No es novedad que en la tradición latinoamericana del desarrollo con exponentes como Raúl Prebisch, Celso Furtado, Aldo Ferrer y tantos otros, el vector estatal es una palanca estratégica en la transformación de la estructura productiva para obtener resultados de desarrollo y resolver la restricción externa de divisas vía la industrialización y transformación de la estructura productiva.
En cambio, las ideas y el razonamiento predominantes en Argentina se dirigen en otra dirección bajo un patrón cíclico. Cuando la situación económica y social llega a un momento crítico dada las limitaciones estructurales que ponen en duda el rol del sector público en transformar y diversificar el aparato productivo y la oferta exportadora en medio de las restricciones de divisas (donde se encuentra el nudo crítico central), el rumbo se ve doblegado ante voces e ideas que cuestionan el aparato estatal bajo diferentes calificativos. A través de ese cuestionamiento, se habilitan proceso de retroceso y destrucción socioeconómica que buscan retroceder o paralizar esa trayectoria de transformación estructural del esquema productivo. Entonces, por ejemplo, se ponen en duda los proyectos impulsados por el Estado en materia energética, tecnológica o de diversificación de las exportaciones que conectan con espacios y oportunidades en un bloque político-económico emergente como es el BRICS (solo por mencionar algunos puntos), que se orientan justamente a desafiar esa restricción estructural de divisas y una dependencia histórica del sector agro-exportador para proveerlas genuinamente. Por supuesto, se debe adicionar que son proyectos que se enfrentan a obstáculos de viabilidad financiera y política al desafiar las condiciones estructurales imperantes y los actores que se benefician con ellas, es decir, no todos pierden en un país primario-exportador.
Rascando la cáscara: el desafío real
En ese tono, al despejar de la ecuación al Estado y su “gasto público deficitario” como causante de todos los males, este razonamiento puede llevarnos a considerar que el destino de nuestro país se enmarca en una disputa irreductible de los dólares disponibles. Dada las condiciones nacionales, el problema no necesariamente es la “producción” de divisas, sino su “disponibilidad” para uso productivo. Aquí está la puja económica y financiera que se traslada políticamente al Estado. Decidir si las divisas disponibles tienen un uso productivo orientado a transformar o diversificar la estructura productiva y desafiar el control monopólico agroexportador, o bien a continuar alimentando la sangría por la vía de los pasivos externos (deuda) en concepto de capital e intereses y la formación de activos en el exterior (fuga) en moneda extranjera. En nuestro contexto, esta disputa es la es el desafío más importante y la variable explicativa primigenia de todos los males que erróneamente se atribuyen de forma directa al Estado y al peso, nuestra moneda soberana.
Con antecedentes como el de pagar la deuda “sobre el hambre y la sed de los argentinos” de Nicolás Avellaneda (1876), si tomamos los último casi cincuenta años que inician luego de que la tasa de desempleo y pobreza giraran en torno a 4 puntos (1975), el carácter financiero-dependiente de la economía argentina inducido por el último período cívico-militar que disciplinó a la naciente democracia ordena coherentemente los hechos políticos, económicos y sociales de nuestro país. Grosso modo, las condiciones de asunción presidencial adelantada en 1989, la caída en 2001-2002 del modelo de convertibilidad de destrucción productiva y dependiente de financiamiento externo, esquematizan una serie histórica que muestra la importancia de este factor restrictivo fundamental. Ciertamente, contrastan con la situación de arreglo y desendeudamiento externo de 2005-2006 que trajo respiro al conjunto de la economía y remedió de forma sostenible los compromisos asumidos previamente hasta que en 2011 en adelante el vector externo planteó nuevos límites.
Entretanto, la historia está más o menos cociéndose. La gestión de Cambiemos, concomitante a su visión crítica y negativa del rol estatal se encargó de profundizar la situación de endeudamiento externo apelando al FMI como prestamista de última instancia luego de una situación de “bajísimo nivel de endeudamiento público y de las familias”. Esta fue la oportunidad en que el organismo otorgó el préstamo más voluminoso de su historia, incluso saltando sus propias regulaciones, con el fin -confesión de la contraparte local- de que los bancos comerciales en el territorio nacional lograran salvar sus inversiones. Cambio de gobierno y pandemia mediante, el paso de diferentes ministros/as de economía y la aplicación de diferentes instrumentos financieros para sortear la trampa del (sobre)endeudamiento (a sobretasas) con niveles críticos de reservas, nos encontramos en un presente crítico en el que se ha buscado administrar las escasas divisas disponibles sin dejar de atender variables macro (principalmente, buscando reducir el déficit fiscal) que habilitan los desembolsos del FMI y que sostienen el sistema -literalmente- sin sobresaltos catastróficos como los vividos en el ´89 y el 2001.
Conclusión: la disputa real
Entonces, desde una mirada más abarcadora, el período de los últimos casi 50 años es un escenario de discusión más objetivo. En él, el factor fundamental que obstaculiza una trayectoria de crecimiento y desarrollo estable es la disponibilidad de divisas y no necesariamente los defectos que podrían encontrarse en el Estado, el que es disciplinado cuando se encamina a desafiar el orden imperante. Así, cuando se mira la película y se sobrevuelan los problemas que alumbra la escena electoral, es posible evidenciar que la tensión política, económica y, sobre todo, financiera en nuestro país, además de ser una situación inducida por endeudamientos cíclicos sin correlato en lo productivo, es al mismo tiempo producto de una posición estructuralmente subordinada que se desea perpetuar frente a cualquier opción o alternativa estratégica de soberanía.
La conclusión que se puede extraer a todo este asunto es que el conjunto de fuerzas que ven en el Estado el causante de todos los males de nuestro país (Estado como problema) sin encontrar en él aspectos estratégicos para el desarrollo (Estado como solución, como apuntó Peter Evans), operan como actores interesados (locales y extranjeros) que buscan censurar las opciones estratégicas soberanas y así perpetuar la subordinación de una Argentina preñada de un espectro de recursos naturales y una geografía estratégica que la vuelve blanco geopolítico de las potencias actuales que disputan su aprovisionamiento. Por esta razón, el flanco estatal que deberían cuestionarse es su falencia para disponibilizar las divisas que produce nuestro país, no para anular su papel y restar soberanía en una escena tan agitada.
*El autor (cristhianseiler@gmail.com) es Lic. en Ciencia Política y Dr. en Ciencias Sociales (UNER). Becario Posdoctoral del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales del Litoral.