Seguridad desde la Inclusión: Programa Juventudes Incluidas

Por Andrea Pellizza y Yamila Garzón //

Con intención de problematizar acerca de las concepciones de seguridad social y justicia juvenil, dos parejas conceptuales con mucho para ahondar y ante las cuales ensayamos una aproximación en el presente artículo, es que consideramos para el análisis el Programa de Juventudes Incluidas -en desarrollo desde el año 2009- de la Secretaría de Seguridad Comunitaria del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe.

La iniciativa de trabajo surge en el marco del Seminario de Justicia Juvenil del año 2016 de la Carrera de Licenciatura en Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Concretamente la propuesta de trabajo implica la recuperación de una problemática socio-judicial infanto-juvenil específica.

La mirada está situada en la reflexión desde Trabajo Social, en problematizar las estrategias de intervención sobre las problemáticas que atraviesan muchos jóvenes en situación de vulnerabilidad y exclusión. Para ello, recuperamos un proceso de acompañamiento a partir del mencionado Programa que se llevó a cabo durante los años 2012-2014 con un joven de la ciudad y que consideramos una situación disparadora para la reflexión acerca de cuál es y debe ser la responsabilidad del Estado como garante de Derechos y de los Trabajadores Sociales como promotores de espacios de escucha, reflexión y problematización de situaciones de injusticia social.
De aquí que abordaremos qué concebimos como derecho a la seguridad y cómo funcionan sus garantías, para posibilitar la intervención fundada y articulada multiagencialmente en una política pública integral, a partir de la mirada crítica de las condiciones de posibilidad de emergencia del delito y la violencia.

Programa Juventudes Incluidas

El Programa “Inclusión Sociocultural de Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad Social”- Juventudes Incluidas (PJI), fue creado por Decreto provincial Nº 1497/11 por la Secretaría de Seguridad Comunitaria perteneciente al Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe. El desarrollo del Programa se inicia a comienzos del año 2009 en el ámbito de intervención del Gabinete Social, con el correlato de la ejecución del proyecto de Naciones Unidas “Intervención Multiagencial para el Abordaje del Delito en el Ámbito Local ARG08/012”, desarrollado junto con la Secretaría de Seguridad Interior de la Nación y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Ante el aumento de la problemática de la violencia como resolución de conflictos entre jóvenes y la generación de un populismo punitivo (Sozzo, 2008) que exige un incremento de castigo a éstos, operando la lógica del estigma y del estereotipo, el Programa en su fundamentación plantea que la solución a esta problemática no radica en implementar mayores sanciones, sino en desarrollar nuevas formas de intervención a fin de que el sujeto se reconozca como pleno de derechos y responsabilizarse por sus actos.

En línea con las concepciones del organismo internacional, se comprende a la “seguridad” como política pública integral y dinámica en consideración de las condiciones de posibilidad en las cuales emerge el delito y la violencia. Interpelando a la persona como sujeto activo, pretende delinear acciones de inclusión social para la promoción y garantía de sus derechos básicos, mejorando sus ámbitos de oportunidades para este acceso y fortaleciendo el protagonismo del sujeto desde su ser ciudadano.

Respecto de la inclusión social, entiende a “(…) aquellas acciones que permiten pensar a la persona como sujeto activo, posicionado ante su historia de manera tal que pueda proyectar su futuro en el reconocimiento de sus anhelos y deseos, siendo parte de un entramado social que le genera demandas, ubicándolo como ser productivo, contando con los márgenes de tolerancia para responder a las mismas en los tiempos que vaya definiendo responsablemente. Este proceso, en tanto sujeto deseante, favorece el lazo social con los otros, permitiéndose el manejo de normas sociales elementales que garantizan la convivencia pacífica.”(PJI, p.3). Se apunta de esta forma, a reducir las vulnerabilidades frente a las violencias, el crimen y la ilegalidad, entendiéndolos como resultantes de una matriz compleja que opera como el emergente de factores ideológicos, políticos y económicos, articulados a situaciones subjetivas.

Respecto de los barrios de la Ciudad de Santa Fe priorizados para la intervención “(…) muestran a sus juventudes como grupos especialmente expuestos a situaciones de vulnerabilidad, en entornos vinculados con realidades violentas o que los posicionan como potenciales actores de situaciones delictivas.”(PJI, p.4) Sus destinatarios son jóvenes comprendidos en la franja etárea entre los 16 y los 30 años, cuya selección parte de un diagnóstico elaborado a través de un análisis multiagencial y multidisciplinario que tiene en cuenta índices de criminalidad y violencia altamente lesiva e índices socioeconómicos.

Nos preguntamos en este punto, cómo es que influye en la elaboración de estrategias de intervención esta pre-concepción de las y los jóvenes como ‘potenciales actores de situaciones delictivas’. ¿Serían distintas las intervenciones si partimos de pensar a las juventudes como acreedoras de Derechos negados históricamente por parte del Estado?

El PJI estructura sus líneas de trabajo a partir de tres ejes: Convivencia, cuyas líneas de acción son la Lúdico/Recreativa y la Socio/Cultural. Promoción y garantía de derechos, en las líneas de Reinserción en la escolaridad formal, en el Derecho a la identidad, Acceso a la justicia y Acceso a la salud. Y la Formación para el trabajo y la promoción para la empleabilidad, logrando paulatinamente la participación de las y los jóvenes en espacios de formación como alternativas atractivas y posibles ante las actividades vinculadas al delito.  Cabría pensar entonces -y considerando específicamente la historia de vida que pretendemos recuperar- si en la ejecución y desenvolvimiento del PJI, se alcanzan tales acciones de inclusión social. ¿Qué sucede en caso de que un sujeto no alcance el ‘posicionamiento’ referido ante su propia historia y sus posibilidades de proyectar su futuro sean escasas o nulas? ¿Cuál es aquí el espacio de inserción e intervención profesional del Trabajo Social?

Consideramos que una respuesta apresurada implicaría el riesgo de entender a las y los sujetos como únicos responsables de sus propias vidas, entendiendo sus ‘logros’ o ‘fracasos’ en términos de capacidad y responsabilidades subjetivas al margen de su propia concepción como sujetos de Derechos y dejando fuera de juego al Estado como principal garante de la efectivización de los mismos.

Martín

Martín (nombre ficticio) es un joven oriundo de la Ciudad de Santa Fe que se vincula en un primer momento con el PJI a partir de los talleres que se desarrollaban en su barrio. La trayectoria de su participación en el programa la recuperamos de una entrevista a un responsable del mismo y por documentación proporcionada.

El acercamiento más específico a los profesionales del Programa se da en virtud de lograr su vinculación con el Sistema de Salud para llevar a cabo una cirugía estética para retirar de su rostro dos tatuajes en forma de lágrimas. Del informe de acompañamiento recuperamos que la motivación de Martín para tomar esta decisión eran los inconvenientes que le provocaban los tatuajes ya sea impidiendo el libre tránsito en la vía pública por su carácter estigmatizante -lo que muchas veces le significaba la detención y maltrato por parte de las fuerzas policiales- o como impedimento para conseguir trabajo.

Así en el mes de diciembre de 2012 Martín comienza a transitar un proceso de vinculación con el PJI que moviliza a su vez, la articulación con equipos de trabajo de otras agencias del Estado Provincial y con distintas Organizaciones de la Sociedad Civil.

Una vez vinculado con el Programa y en virtud de los espacios de acompañamiento generados por el Trabajador Social referente, Martín decide comenzar un proceso de alfabetización formal en una escuela nocturna. Su desvinculación al Sistema Educativo desde temprana edad estuvo signada por el abandono que sufre por parte de sus padres y luego a sus 7 años la muerte de su padrino -quien se hiciera cargo de él desde muy chico-.

Entendemos que en un contexto de mercado laboral signado por la profesionalización y la continua especialización, la no alfabetización de Martín -entre tantos otros sujetos que vivencian la misma situación- significa un obstáculo al momento de acceder a un puesto de trabajo -al menos dentro del sistema laboral formal- que le proporcione un salario a fin de resolver las necesidades de subsistencia.

De la información obtenida respecto de la vida de Martín detectamos algunas instancias de ausencia estatal en lo que respecta a garantía de Derechos fundamentales que se abordarán luego en virtud de su participación en el PJI. Así, podemos realizar algunas consideraciones respecto de las formas en que se materializa la presencia del Estado.

A partir de su vinculación con el Programa Martín accede a: servicio de salud (operación y remoción de tatuajes), tarjeta social, DNI, posibilidad de iniciar un proceso de alfabetización en una escuela nocturna, trabajo con cuadrillas en Municipalidad, elaboración de parrillas de hierro para su comercialización, posibilidad de materiales de construcción para su vivienda, todo a partir de su vinculación con el PJI y siguiendo los objetivos específicos del Programa.

Facilitar la vinculación y/o continuidad con el Sistema de Educación Formal, la tramitación de su DNI en virtud de garantizar su Derecho a la Identidad y la atención de su situación de consumo problemático a partir de su vinculación con el Equipo de Fortalecimiento Territorial de la Dirección de Salud Mental de la Provincia considerando el Eje de Promoción y Garantía de Derechos. Y en lo que refiere a las oportunidades laborales y de desarrollo de artículos para la venta, en virtud del Eje de formación para el trabajo y promoción para la empleabilidad.

Podríamos problematizar en este punto la fundamentación que sostiene el PJI respecto de los espacios de formación para el trabajo, “con la intención de generar alternativas atractivas y posibles que ‘sustituyan’ las actividades vinculadas al delito” (PJI, pág. 11)

¿Constituye la formación para el trabajo, para estas poblaciones-destinatarias del PJI, una “alternativa atractiva” al delito? ¿O en realidad deberíamos considerar estos espacios como habilitadores de la garantía del Derecho al trabajo? ¿Es la formación en oficios la única “posible”? ¿Qué obstáculos se descubren si las y los jóvenes quisieran acceder a la formación universitaria, a la capacitación para otras ramas del trabajo por fuera de las “disponibles y posibles”? -entendemos herrería, carpintería, albañilería, electricidad-.

Elegimos la situación e historia de vida de Martín, específicamente por la posibilidad de generar tantos cruzamientos y tensiones entre categorías y situaciones problemáticas. Abandono temprano por parte de sus padres, analfabetismo, repetidas situaciones de violencia, de consumo problemático, desempleo, la no posesión de un espacio para la vivienda, traslados continuos entre barrios por cuestiones problemáticas de convivencia, entre otras.

De la entrevista sostenida con el acompañante de Martín surgía la referenciación a su historia, “mucho para un sólo cuerpo” nos compartía. Entonces nos preguntamos de qué manera van construyendo subjetividades las personas y qué marcas quedan en estos cuerpos, en virtud de la presencia o ausencia del Estado como garante de Derechos.

El cuerpo es territorio de nuestra autonomía como seres humanos. Pero esa autonomía es siempre ligada a otras autonomías -otros cuerpos- y a instituciones que configuran una perspectiva vincular de conformación de los sujetos. Tales relaciones conforman el “entramado de la vida”, en el cual el cuerpo va transcurriendo en su propia historia, “historia que no lo determina pero que lo condiciona tanto en sus posibilidades como en sus imposibilidades, puesto que toda forma tiene un linaje de transformaciones posibles” (Najmanovich, 2001, p.5)

Entendemos que las problemáticas mencionadas fueron configurando la subjetividad de Martín, así como también encauzando formas de moverse y resolver la producción y reproducción de su vida. Problemáticas todas que quedan, en principio, por fuera del ámbito estrictamente judicial.

Pensamos en el capital económico, político social y cultural de las y los sujetos y las colectividades en estrecha vinculación con la institucionalidad estatal que condiciona posibilidades de oportunidad que las y los sujetos -ciudadanos- poseen, donde pueden decidir y elegir. Son condicionantes que producen y reproducen subjetividades, en un marco de retroalimentación de situaciones estructurales.

La socialización, las relaciones sociales, la identidad, que limitados en la realización de su ciudadanía plena ocupan los espacios, los cuerpos, la vida cotidiana signada por las manifestaciones de la cuestión social -pobreza, inequidad, desigualdad- y significada por las diversas representaciones ético-políticas de la sociedad, en ella la justicia, lo penal.

Seguridad como inclusión. Tensiones y entramados

Cabe aquí hacer una aclaración, los abordajes que promueve el Programa son siempre pensando intervenciones más allá o por fuera del sistema judicial, atendiendo a la perspectiva de intervención sociojudicial, en clave de reconocimiento y garantía de Derechos por parte del Estado.

Entendemos esta característica como válida en el sentido de repensar lo judicial. Nos resulta sumamente interesante que el Programa se encuentre anclado en el Ministerio de Seguridad de la Provincia, lo que promueve repensar la seguridad como política pública integral y dinámica en consideración de las condiciones de emergencia del delito y la violencia. Aludiendo a lo que Sozzo complejiza como estrategias de seguridad frente al delito que orientan las intervenciones de los gobiernos locales: estrategia situacional-ambiental, estrategia social y estrategia comunitaria, son “(…) decisiones cargadas de implicaciones políticas acerca de las formas de vida social que se pretende impulsar” (2009:72).

Concibiendo al Estado en el marco de un sistema capitalista, que debiera operar como garante universal de Derechos, con mayores responsabilidades y obligaciones públicas ante poblaciones que no detentan el poder de resolución y acceso a los satisfactores de sus necesidades.

En tanto las personas ven históricamente reducido y limitado el ámbito de oportunidades de resolución de sus vidas y donde el Estado está ausente, otra cosa ocupa ese espacio. Para muchos sujetos, ante la vivencia histórica y constante de ausencia estatal, las formas disponibles de acceder a los satisfactores de determinadas necesidades son la violencia, el crimen y la ilegalidad.

Referimos a Wacquant, quien indica que “los Estados son grandes motores de estratificación por propio derecho; y en ningún lado lo son tanto como en la base del orden socioespacial: proporcionan o impiden el acceso a una escolarización y una formación laboral adecuadas; fijan las condiciones para ingresar en el mercado laboral y salir de él, a través de las normas administrativas atinentes a las contrataciones, los despidos y las jubilaciones; distribuyen (u omiten distribuir) bienes básicos de subsistencia, como la vivienda e ingresos complementarios; apoyan u obstaculizan activamente ciertos ordenamientos familiares y hogareños, y codeterminan tanto la intensidad material como la exclusividad y densidad geográficas de la miseria mediante una multitud de programas administrativos y fiscales.”(2001, pp.175-176)

Si bien el PJI va ganando referencia y posición dentro del accionar gubernamental, según indicó el coordinador del Programa, es un espacio incipiente y con falta de recursos económicos y humanos, que limitan su capacidad para poder abordar todas las problemáticas emergentes. Sumado a la débil y lenta articulación entre agencias.

Ante el desafío de avanzar en la perspectiva de intervención sociojudicial integral e inclusiva, y propiciar estrategias en el marco de la Justicia Juvenil ante situaciones de riesgo, alternativas al encierro y/o aislamiento, consideramos la pertinencia y urgencia de las reflexiones críticas de las prácticas e intervenciones tanto de las y los profesionales del Trabajo Social como de otras disciplinas involucradas, aquí el valioso aporte que se puede hacer desde la Ciencia Política.

Insistimos en la afirmación de Wacquant (2009, p.15):“(…) no se puede separar el cuerpo, el Estado social o penal y la marginalidad urbana: hace falta agarrarlos y explicarlos juntos, en sus imbricaciones mutuas”. Vectores analíticos que configuran representaciones y manifestaciones sociales, que nos implica preguntarnos qué garantías de Derechos posibilita y condiciona hoy el Estado.

Sumar al debate académico -al que nos propusimos aproximarnos en este artículo con preguntas disparadoras- y abrirlo al debate público ciudadano es clave, reconociendo como expresamos antes, que las intervenciones de los gobiernos locales son “(…) decisiones cargadas de implicaciones políticas acerca de las formas de vida social que se pretende impulsar” (Sozzo, 2009:72). Y que si bien hay intenciones de propiciar estrategias de inclusión ante la inseguridad y frente al delito, en palabras de un estimado profesor, se trata de rasgar la cáscara de las políticas públicas a fin de alcanzar las particularidades de lo social, para lo cual -consideramos- hace falta consensos y apropiación colectiva de un proyecto político de justicia social.

 

* Andrea Pelliza (agp1386@gmail.com) es estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Nacional del Litoral (UNL). Yamila Garzón (yamilagarzong@gmail.com) es Licenciada en Ciencia Política (UNL) y estudiante de la Licenciatura en Trabajo Social (UNL)


Bibliografía

  • Najmanovich, D. (2001) Del ‘Cuerpo-Máquina’ al ‘Cuerpo-Entramado. En Campo Grupal Nº 30. Disponible en línea en http://denisenajmanovich.com.ar/esp/del-cuerpo-maquina-al-cuerpo-entramado Fecha de consulta 10/06/2016
  • PROGRAMA JUVENTUDES INCLUIDAS “Inclusión Sociocultural de Adolescentes y Jóvenes en Situación de Vulnerabilidad”, Decreto 1497/11, Provincia de Santa Fe.
  • Sozzo, M. (2009) Gobierno local y prevención del delito en la Argentina. En Urvio, Revista Latinoamericana de Seguridad Ciudadana. No. 6, Quito, Enero 2009, pp. 58-73
  • Sozzo, M. (2008) Populismo Punitivo, proyecto normalizador y ‘prisión-depósito’ en Argentina. En Revista de Filosofìa Jura Gentium.
  • Wacquant, L. (2009) El cuerpo, el gueto y el Estado penal. En Apuntes de Investigación del CECYP, vol. 16. Disponible en: http://www.apuntescecyp.com.ar/index.php/apuntes/article/view/350/308. Fecha de consulta: 10/06/2016
  • Wacquant, L. (2001) Marginalidad urbana en el próximo milenio. En Parias Urbanas. Marginalidad en la ciudad a comienzos del milenio, Editorial Manantial, Buenos Aires.

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