Por Soledad Didier//
En tiempos de COVID-19 y la incertidumbre reinante, pareciera que hablar de cualquier cosa que no se relacione directamente con sus efectos resulta anacrónico, como querer dislocar la agenda mediática y política. Y claro, una empresa destinada al fracaso.
Pero sucede que los femicidios de 2020 -aclaro aquí que no concuerdo con llamarlos “pandemia”- ya alcanzan un número que el Movimiento de Mujeres está denunciando como casi equivalente a la cantidad de días del año transcurridos, lo que impacta poco en los medios de comunicación. En este sentido, en los 30 primeros días de cuarentena se perpetraron 24 femicidios según el Observatorio “Ahora que sí nos ven” al tiempo que durante el reporte oficial diario del Gobierno Nacional en la mañana del 20/04/2020, el Ministerio de Géneros anunció que se han incrementado en un 39% las consultas a la línea nacional 144 de atención y asesoramiento a víctimas de violencia de género, a la vez que la Secretaría de Estado de Igualdad y Género de Santa Fe publicó a través de un informe del IPEC el registro de casi 10 denuncias por hora en la provincia entre el 1º y el 13 de Abril, lo que confirma que el aislamiento en el contexto hogareño está derivando en un agravamiento de la situación de violencia que sufren muchas mujeres.
Dentro de esta coyuntura, los organismos públicos se encuentran desarrollando estrategias para garantizar el acceso a la protección de derechos de mujeres en situación de violencia dentro de la dinámica que impone la cuarentena.
En este escenario, pareciera que el Movimiento de Mujeres no tiene descanso: desde el primer grito de Ni Una Menos el 3 de Junio de 2015 las históricas consignas del feminismo de nuestro país comenzaron a sonar al unísono y a complejizarse, ganando terreno en los medios de comunicación y en todos los ámbitos. Comenzó a ponerse en crisis tanto el uso del lenguaje, como la escasez de mujeres en las mesas de discusión política, en las estructuras sindicales, carteras ministeriales, etc., logrando hacer más visible la desigualdad en la mayoría de los ámbitos públicos y políticos, económicos, culturales y sociales. Comenzamos a hablar de la “Cuarta Ola del Feminismo” en la Argentina.
Por otro lado, parte de la Academia que venía definiendo la feminización de la pobreza como concepto, desde 2016 hasta hace pocos meses se abocó a estudiar los efectos de las políticas económicas del gobierno de Mauricio Macri en la vida de las mujeres de los sectores medios y bajos. En otras palabras, la derrota en la disputa hegemónica por la nueva orientación del Estado nos llevó a resistir cuidando lo logrado hasta ahí, consiguiendo no retroceder pero imposibilitades de descansar en la existencia de acuerdos mínimos sobre cuestiones elementales. Por ejemplo hacia la posibilidad de exigir un salario para quienes ejercen tareas de cuidado familiar en exclusividad, y en vez de ello las políticas de ajuste entre 2015 y 2019 nos llevaron a tener que luchar contra la ley de moratoria previsional que eliminaba las jubilaciones de mujeres sin aportes (la llamada jubilación de ama de casa), y que además pretendía extender la edad jubilatoria. En vez de buscar consensos para lograr reformas laborales de ampliación de derechos, como la extensión de la licencia por paternidad a varones, hubo que resistir los intentos de avasallamiento a los derechos laborales más fundamentales con leyes de flexibilización laboral, entre tantos ejemplos. Todo ésto sin nombrar la represión policial durante las manifestaciones en resistencia, así como la totalidad del diseño de las políticas económicas que multiplicaron los índices de pobreza e indigencia, y expulsaron del mercado formal de trabajo al grueso de les trabajadores.
Cuando el triunfo electoral de 2019 sobre las opciones de derecha nos ilusionaba a muchas con un terreno propicio para ir al fondo, sobrevino la pandemia mundial. Así, la Academia hoy se ve exhortada a analizar el impacto de la retracción económica de la crisis sanitaria mundial y de la cuarentena.
A pesar de todo, el Movimiento de Mujeres ha conseguido el Ministerio de las Mujeres de la Nación, la Dirección Nacional de Economía y Género del Ministerio de Economía de la Nación, la jerarquización con rango ministerial de la ahora Secretaría de Estado de Igualdad y Género de la Provincia de Santa Fe, la Subsecretaría de Bienestar y Género dependiente del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Santa Fe, por nombrar algunas de las formas de institucionalización en el poder ejecutivo de dos niveles de gobierno, de la perspectiva que venimos reclamando.
Con todo lo anterior, los femicidios en nuestro país se mantienen en escalas alarmantes y para nuestro Movimiento cada mujer asesinada es una de nosotras, objetivada, arrasada y descartada como basura. Al mismo tiempo los hechos delictivos comunes en cuarentena se redujeron en un 60%. Poco queda por decir de ese universo simbólico. El femicidio como hecho político es la contundencia, la irreversibilidad, el absoluto y a la vez el punto de llegada de un enorme conjunto de violencias que las mujeres sufrimos a lo largo de nuestras vidas. Algunas sobrevivimos hasta ahora, otras nunca vuelven a casa. El quid de la cuestión es a manos de quién. Si tenemos en cuenta que según organismos oficiales y organizaciones feministas, alrededor del 70% de los femicidios son perpetrados por parejas o ex parejas de las mujeres asesinadas, es innegable que el aislamiento en los hogares, a partir de las medidas de prevención del COVID-19, es un factor de mayor exposición al riesgo de las mujeres víctimas de violencia de género.
De este modo me pregunto primero: ¿Con qué contamos para hacer frente a esta problemática en un contexto de emergencia sanitaria y de crisis económica? Desde los inicios de este siglo en nuestro país, las respuestas anticíclicas del Estado frente a las crisis económicas han tomado la forma de Programas de Transferencia de Ingreso Condicionados (PTIC). Si partimos de las conceptualizaciones sobre la feminización de la pobreza, la instauración de la prioridad de cobro a mujeres de la AUH (PTIC implementada en nuestro país en 2009 como medida anticíclica por la crisis financiera internacional) a partir de 2013 constituyó una herramienta que brindó posibilidades autonómicas a las mujeres que la percibían ya que en muchos casos representaba el único ingreso con el que contaban muchos hogares, así como muchas mujeres que son jefas de hogar.
En un estudio propio hecho entre 2017 y 2018, con entrevistas exhaustivas a 6 mujeres de las ciudades de Santa Fe y San José del Rincón que perciben la AUH, se abordaron diversos temas de su vida cotidiana para inferir la existencia o no de algún grado de empoderamiento en ellas a partir del cobro de la AUH. Entendiendo el empoderamiento de la mujer como un proceso (Schuler; 1995) el aspecto más resonante de las entrevistas fueron sus experiencias en cuanto a haber sufrido violencia de género, donde el 50% de las entrevistadas respondió que en esa situación, la AUH le resultó elemental para tomar decisiones autonómicas a los fines de eliminar de su vida los tratos violentos, ya que en esos casos no contaban con ningún otro ingreso. Dichas mujeres mencionaron la presencia de varios de los factores inhibidores de empoderamiento, según desarrolla Carolin Schröder (2013), como el machismo y la oposición activa del compañero (a realizar tareas fuera del hogar, a relacionarse con sus pares, etc.), la violencia de género propiamente dicha, el control masculino sobre el ingreso, la opresión internalizada, y la crítica de personas internas y externas al grupo (entendida como obstáculo por no contar con apoyo de familiares y seres queridos a la hora de tomar decisiones).
Las mujeres entrevistadas describieron en profundidad las distintas estrategias que opusieron a la violencia y sus condicionantes. Teniendo en cuenta el factor común del valor que dan a la AUH como facilitadora del proceso autonómico, resaltamos que en todos los casos fue el único ingreso con el que estas mujeres contaban al momento de tomar la decisión de cortar el círculo de violencia, lo que indican como la seguridad de, en algunos casos abandonando el hogar conyugal, asegurar la subsistencia en el acceso a alimentos y bienes básicos por parte de sus hijes. Por otro lado, en lo que Schröder (2013) toma como condiciones necesarias de empoderamiento se evidenció un desenvolvimiento eficaz en la esfera pública (factor que he analizado a raíz del recorrido institucional que brinda la bancarización y el recorrido al que obligan las condicionalidades de la AUH) evidenciado a partir de su transcurrir dentro de lo que llamamos la Ruta Crítica (el camino institucional de las mujeres para denunciar y protegerse frente a la violencia en los organismos públicos).
Cabe mencionar, que hoy en día muchas familias tienen comprometido el ingreso de la AUH en los créditos a dos y tres años que se comenzaron a brindar desde ANSES en 2017, a una tasa equivalente a la inflación, y que los han destinado a alimentación y pago de tarifas de servicios básicos. Lo que se puede leer como una inexistente inversión social en términos del contexto socioeconómico generado por políticas económicas que han profundizado los índices de pobreza e indigencia.
Ahora bien, el nuevo Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), constituye otra transferencia de ingresos a los sectores populares que se encuentran más vulnerables frente al estancamiento económico que genera la cuarentena. A partir de su anuncio, la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres reclama prioridad de cobro a mujeres, además de su ampliación a toda mujer víctima de violencia (cuente o no con denuncias realizadas) y a todas las mujeres con hijes cuyos padres no estén cumpliendo con la cuota alimentaria, independientemente de su situación laboral. De esta forma, y sumando la evidencia empírica, se reafirma la importancia que revisten los PTI para combatir la problemática de la violencia de género.
Con todo, a esta fecha contamos con la concreción de apenas las primeras tandas de cobros del IFE -donde la población no bancarizada está sufriendo demoras inaceptables, además de las dificultades que presentó la inscripción al sistema- motivo por el que no vamos a conocer a la brevedad si esta nueva transferencia de ingresos de emergencia impacta positivamente en la vida de las mujeres que sufren violencia de género, además porque no se ha implementado según los criterios que reclama la Campaña por la Emergencia, sino que se presenta como “neutral” en términos de género.
Consideraciones finales
La AUH no constituye una Política Social con la intención de ser con arreglo a la perspectiva de género. Pero se puede inferir de ella una apoyatura fundamental para las mujeres en distintas situaciones de vulneración de derechos, en el marco de las desigualdades estructurales de género. Ésto sin perder de vista que para que sea con arreglo a derechos, una política social debe ser analizada dentro de un contexto que le de sentido como tal.
Pero dentro del sistema capitalista: ¿es posible una transformación de fondo yendo más allá de las PTIC? Está claro que la coyuntura de pandemia mundial nos obliga a repensar como sociedad el modelo de acumulación vigente. Aquí también va a haber un desafío ineludible para la agenda de géneros de leer el momento histórico actual en la clave correcta, para preguntarnos quiénes deben responder ante la desigualdad, en conjunto con el Estado. Me refiero a pensar si este no es el momento más propicio para denunciar con toda contundencia los obstáculos que encontramos en todos los ámbitos para alcanzar una vida más igualitaria, por ejemplo exigiendo una profunda reforma del Poder Judicial, del sistema financiero, de la política fiscal, entre otros. Quiero decir, que no se reduzca a la cuestión material de “poner algo de dinero en el bolsillo de las mujeres pobres” para que las más vulnerables, que muchas veces han emprendido, con casi nada, un proyecto de familia (participando en gran medida de los aportes económicos para la construcción de las casas que habitan con sus agresores) puedan “escapar” y se vean obligadas a reconfigurar sus vidas desarraigándose, teniendo que cambiar de barrio, de escuela a les niñes para protegerse y resguardar su integridad, por citar algún ejemplo. O que las empleadas de casas particulares, que por el aislamiento no están pudiendo trabajar, perciban el IFE como reemplazo del salario que les corresponde por parte de sus empleadores, que encuentran excusa en la cuarentena para “robarse” la erogación que tenían prevista como pago, pero que por las condiciones de precariedad de la tarea no están dispuestos a pagar.
En el contexto de emergencia actual, la redistribución es fundamental, mientras supere las dificultades de implementación que hasta hoy no está pudiendo evadir el IFE. Pero volvemos a preguntarnos: ¿Qué políticas redistributivas merecemos las mujeres? ¿Quiénes sacan verdadero provecho de esas medidas redistributivas en los ámbitos más domésticos y territoriales, cargados de informalidad, y en contextos de crisis? El esquema de desigualdades estructurales del sistema capitalista patriarcal no va a ser derrumbado en lo sucesivo. Sin embargo, siguiendo a Guaditoca Blanco Rojas (2002) las desigualdades entre hombres y mujeres (de acceso al empleo y tipo, de salario; de jornada laboral y de posibilidad de ascenso y desarrollo personal por las cargas familiares, etc.) habilitan la dominación a partir de la persistencia de todo tipo de dependencias (psicológica y económica de la mujer respecto del compañero, de les progenitores, de prestaciones condicionadas del Estado, etc.); por lo que garantizar a las mujeres el acceso a un monto de dinero que les asegure su desarrollo, podría desafiar los mecanismos de exclusión del conjunto de actores del mercado laboral empujando al mejoramiento de los salarios en general y aumentando el consumo.
Sin dudas todos los aspectos de la vida social y económica van a afrontar desafíos enormes después de esta pandemia. Nuestra agenda de géneros ya está siendo obligada a reinventarse para seguir avanzando en las conquistas pero la clave radica ahora en el aprovechamiento de la oportunidad que genera la puesta en crisis de todos los sistemas, para exigir esos cambios de fondo.
*La autora (soledidier7@gmail.com) es Licenciada en Ciencia Política (UCSF)
Bibliografía:
- Schuler, Margaret en León, Magdalena (compiladora), “Poder y Empoderamiento de las Mujeres”, TM Editores; U.N. Facultad de Ciencias Humanas; Primera edición 1997, 29-54
- Schröder, Carolin, “El empoderamiento de las mujeres mediante proyectos productivos. Un estudio de caso en la Amazonía Ecuatoriana”; Universidad de Málaga, Master en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo, 2013, 28-32
- Blanco Rojas, Guaditoca, “Mujer y Renta Básica”, L Aljub-Baladre, Valencia, octubre del 2001, 7-10